El proyecto de financiamiento privado de la cultura como Caballo de Troya
El Gobierno nacional presentó bajo el eufemismo de “Compromiso Federal por la Cultura de los Argentinos”, el anteproyecto para instaurar un sistema de financiamiento privado de la cultura en la Argentina que delega en el sector empresarial la direccionalidad de los procesos vinculados con nuestras identidades nacionales.Por Federico Escribal (para La Tecl@ Eñe / en http://www.lateclaene.com/federicoescribal)
El anteproyecto de financiamiento privado de la cultura, iniciativa que se preanuncia desde la asunción del Ministro de Cultura Pablo Avelluto, constituye un canal para fomentar el marketing privado subsidiado con fondos públicos. La motivación de las empresas que busca sumar es primariamente cumplir sus objetivos publicitarios: aquellas que operan apoyando proyectos artísticos valiosos lo hacen más allá de un régimen fiscal, si realmente están comprometidas con la cultura y las artes. Aunque lo presenten como filantropía.
En el marco de los sistemas de mecenazgo se permite a las empresas deducir impuestos contra aportes a proyectos culturales. Estas no invierten capital propio, sino adelantos monetarios a cuenta de los impuestos que están obligadas a pagar al estado, que en consecuencia deja de percibir créditos que podría imputar a políticas culturales que comprendiesen las necesidades particulares del sector.
La declamada transparencia se sustenta sobre un Consejo Asesor, externo, que evalúa los proyectos y los designa –o no- como elegibles. Para conformar estos ámbitos colegiados, se convoca a referentes legitimados institucionalmente de las artes, lo que de por si representa un recorte socio-cultural que opera sobre los proyectos que pueden y son elegibles para ser beneficiarios del régimen: difícilmente se encuentren representantes de la Argentina profunda o de las culturas regionales más que para cumplir con la “cuota de diversidad” ¿Cuáles serán las representaciones simbólicas de estos supuestos portadores de asepsia partidaria?
Este modelo opera en función de la creación y distribución sobre una concepción de “alta cultura” comprendida como el resultado de relaciones individuales: decisiones empresariales llevan a financiar determinados proyectos –y no otros-, entendiendo al proceso creativo como un acto de individuos aislados, en lo que acaba siendo un juego de intercambio de favores regidos por redes de amistades e intereses.
"La política cultural macrista abreva en la tradición neoliberal: sus ejes rectores son la mercantilización de lo socio-cultural y la farandulización de las artes. Para esto, descontextualiza las políticas culturales. Como consecuencia, elimina las referencias a las identidades nacionales e incita a que nos percibamos como “ciudadanos del mundo” desde el consumo de los símbolos globalizados"
La intención de la actual gestión del Poder Ejecutivo nacional de implementar este sistema, emulando la experiencia desarrollada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, promete dinamizar el flujo de recursos del mundo privado hacia el campo artístico y se presenta como una solución para potenciar el universo creativo sobre el vector del emprendedurismo. Pero llega en un contexto de marcada sub-ejecución presupuestaria por parte de la cartera nacional de Cultura, y con la política de asfixia a los espacios culturales independientes que consolidó el PRO en su gestión de la Ciudad de Buenos Aires., aprovechando la tragedia de Cromagnon para instaurar un régimen de habilitaciones prohibitivo para la cultura comunitaria.
La política cultural macrista abreva en la tradición neoliberal: sus ejes rectores son la mercantilización de lo socio-cultural y la farandulización de las artes. Para esto, descontextualiza las políticas culturales. Como consecuencia, elimina las referencias a las identidades nacionales e incita a que nos percibamos como “ciudadanos del mundo” desde el consumo de los símbolos globalizado(re)s. La argentinidad se presenta como un anacronismo.
Es curioso que, entre los supuestos casos de éxito que menciona el proyecto, se mencione el de Brasil: la Ley Rouanet, implementada en 1991, ha demostrado una marcada tendencia hacia la inequidad en términos del federalismo cultural: más del 80% de los recursos del sector privado superan (que superan los 400 millones de dólares) se asignaron a la dupla Río de Janeiro–San Pablo. Esto ha llevado a diferentes colectivos del campo cultural a movilizarse para pedir la derogación del régimen. En enero de 2015 el ministro de Cultura de Dilma Rousseff, Juca Ferreira, se presentó ante el Senado brasileño para pedir la derogación de la norma en cuestión, calificándola de “huevo de la serpiente neoliberal” por la preferencia endémica de las empresas por “artistas consagrados” por el mercado en desmedro de los emergentes.
En Chile, en tanto, la llamada Ley Valdés, vigente desde el inicio de la década del 90, debió ser reformulada con el objetivo de incluir sanciones penales para detener las contrapartidas entre donantes y donatarios y otras formas delictuales en el campo fiscal que se habían construido sobre la base del sistema. La transparencia se tradujo en una sustancial disminución de los aportes, lo que visibilizó las reales motivaciones del empresariado trasandino: al parecer, evadir impuestos los motivaba más que apoyar a la cultura.
Uno de los más destacados investigadores del desarrollo de la industria cultural europea, Donald Sasoon, destaca que "el papel del Estado es arriesgar y apostar por la cultura menos popular" y postula que "no se debe patrocinar las artes, sino el disfrute de las artes". Sobre el modelo de mecenazgo, concluye: “si se deja que las empresas tengan acceso a rebajas fiscales, lo que consigues es que tengan la posibilidad de definir el desarrollo cultural del país, que es lo que pasa en Estados Unidos”, dado que “si eres una empresa, lo que quieres patrocinar son cosas que se vayan a ver mucho. Aumentará el apoyo económico al arte más popular. Además, el Estado tendrá menos ingresos fiscales y no podrá patrocinar otro tipo de propuestas.”
La política del mecenazgo constituye, en este sentido, una instancia más para desarticular las políticas culturales activas, que avanzaban con la intención de consolidar en el ideario popular los derechos sociales, políticos y culturales adquiridos en los últimos años.
La cultura es un derecho humano y el rol del Estado es crucial para garantizar la participación y el acceso de todos los sectores a su producción y consumo, pero especialmente a la equidad en la circulación de los contenidos que se producen, sin distinción de origen. Esta política concurre en sentido contrario, para garantizar al capital el monopolio virtual de la distribución y legitimación de lo simbólico, conquistando la ínfima brecha de ese campo que no controla a través de la industria cultural y los medios de comunicación.
El retroceso que la implementación de este tipo de acciones supone a cualquier proyecto de soberanía cultural –entendida como un horizonte democrático en el que el pueblo puede determinar los contenidos culturales y su tratamiento a partir del pleno conocimiento de lo que solo podrá ser comprendido cabalmente en el largo plazo, cuando demos a luz nuevas generaciones de argentinos desconocedores de nuestras tradiciones, creadores y creaciones, y de la pertenencia identitaria suramericana que constituye el soporte de cualquier proceso de integración exitoso en el actual escenario globalizante.
